El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que será remitido al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación.
La norma adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), en vigor desde agosto de 2024, y establece medidas para garantizar una supervisión humana y un uso confiable de la inteligencia artificial.
El proyecto de ley identifica en España los organismos encargados de la supervisión del Reglamento de IA y establece su régimen sancionador.
Se mantendrán las mismas autoridades notificantes y de vigilancia del mercado para los productos ya regulados por normativa sectorial, como:
- Maquinaria.
- Juguetes.
- Vehículos.
- Productos sanitarios.
En el resto de los sistemas, como los relacionados con empleo, biometría o educación, las funciones de supervisión recaerán principalmente en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), además de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el ámbito correspondiente.
La norma también contempla mecanismos de coordinación entre autoridades y establece un punto de contacto único para cuestiones de supervisión a través de la AESIA.
El Reglamento europeo de IA:
- Clasifica los sistemas de inteligencia artificial en función de su riesgo potencial para las personas.
- Prohíbe aquellos considerados de riesgo inaceptable.
- Establece obligaciones para el resto de sistemas antes de su comercialización o puesta en servicio.
La nota de prensa señala que, a iniciativa de España y con el apoyo de Francia, la Unión Europea acordó el pasado 7 de mayo añadir dos nuevos sistemas prohibidos. Esta prohibición se suma a otras ya existentes, como:
- Las que afectan a sistemas que utilizan técnicas subliminales para manipular decisiones.
- Las que explotan vulnerabilidades relacionadas con la edad o la discapacidad.
- Las que clasifican a las personas mediante datos biométricos vinculados a aspectos sensibles o realizan sistemas de puntuación social.
En materia sancionadora, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. Las sanciones podrán alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves, mientras que las más leves podrán llegar hasta los 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio.
Además, el proyecto incorpora medidas para el uso de la inteligencia artificial en el sector público estatal. Entre ellas, la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y la figura del delegado de IA, que se desarrollarán mediante Real Decreto. El texto también prevé actuaciones de formación y concienciación para los empleados públicos.
Por último, la norma regula los espacios controlados de pruebas o sandbox de inteligencia artificial. El proyecto establece que el sandbox nacional previsto por el Reglamento europeo será operado por la AESIA y permite la creación de otros entornos de pruebas por parte de las autoridades competentes en sus respectivos ámbitos de supervisión.
