La publicación de datos públicos a través de API ha dejado de ser una práctica recomendable para convertirse en una obligación legal en la Unión Europea. Así lo establece el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138, que regula los denominados High-Value Datasets (HVD) y refuerza el papel de estas interfaces como infraestructura clave para la reutilización de la información del sector público.
Desde el 9 de junio de 2024, todos los organismos públicos de los Estados miembros deben garantizar que los conjuntos de datos clasificados como de alto valor estén disponibles de forma gratuita, en formatos legibles por máquina y accesibles mediante API. La norma identifica seis categorías prioritarias: datos geoespaciales, observación de la Tierra, medio ambiente, estadística, información empresarial y movilidad.
El cumplimiento de esta obligación no es meramente formal. Los Estados deben remitir a la Comisión Europea informes bienales que incluyan, entre otros elementos, enlaces persistentes a las API utilizadas para exponer estos datos. En este contexto, los indicadores del Open Data Maturity Report permiten evaluar el grado de desarrollo de países como España en materia de datos abiertos y provisión sistemática de interfaces.
En la práctica, las API se sitúan como el elemento que conecta la regulación con su aplicación real. No solo determinan qué datos deben publicarse, sino también cómo deben ponerse a disposición para permitir su integración automatizada en aplicaciones, análisis o servicios digitales.
En España, distintos organismos ya disponen de infraestructuras consolidadas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece acceso completo a su base de datos estadística mediante servicios REST en formato JSON, sin necesidad de autenticación. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) proporciona datos observacionales y predicciones a través de API, con control de uso mediante clave gratuita.
En el ámbito geoespacial, el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) han evolucionado hacia estándares OGC API, facilitando el acceso en formatos más ligeros e interoperables como GeoJSON. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) articula su catálogo mediante plataformas CKAN, combinando distintos niveles de acceso a datos ambientales, energéticos y de biodiversidad.
Más allá de su dimensión técnica, la disponibilidad de API públicas habilita capacidades clave como la automatización de procesos de ingesta de datos, la reproducibilidad en análisis y la interoperabilidad entre sistemas gracias al uso de estándares abiertos.
El desarrollo de este ecosistema en España muestra avances desiguales según organismos y sectores. Mientras algunas entidades cuentan con servicios plenamente consolidados, otras siguen apoyándose en soluciones tradicionales. No obstante, la normativa sobre datos de alto valor está impulsando de forma progresiva la adopción de estándares REST y modelos de acceso más homogéneos, consolidando las API como pieza central en la estrategia de datos públicos.
